La expansión urbana, la explotación de materiales, los basureros clandestinos y los asentamientos irregulares mantienen bajo presión una de las principales reservas naturales de Ciudad Juárez. Regidores buscan financiar un estudio que permita avanzar hacia su declaratoria como área natural protegida.
Ciudad Juárez, Chihuahua. — Ante el avance de la urbanización, la explotación de recursos naturales y el detrimento ambiental que amenaza a la Sierra de Juárez, el Ayuntamiento buscará destinar dos millones de pesos del presupuesto de 2027 para elaborar el estudio técnico justificativo que permita iniciar el procedimiento para declarar esta zona como área natural protegida.
La regidora Laura Fernanda Ávalos Medina, presidenta de la Comisión de Ecología y Protección Civil, informó que el proyecto ya fue incorporado a la propuesta presupuestal del Instituto Municipal de Investigación y Planeación (IMIP), por lo que ahora corresponde gestionar la autorización de los recursos para comenzar los trabajos durante el próximo año.
La iniciativa representa un avance en los esfuerzos por establecer mecanismos legales de conservación para una extensa superficie montañosa que enfrenta presiones derivadas del crecimiento urbano, actividades extractivas y modificaciones en los usos de suelo.
De acuerdo con información presentada por integrantes del Colectivo Sierra de Juárez, la zona comprende aproximadamente 16 mil hectáreas y alberga una importante diversidad de especies vegetales y animales, además de desempeñar funciones relacionadas con la regulación climática, la infiltración de agua y el comportamiento de los escurrimientos pluviales.
Sin embargo, el diagnóstico elaborado por ambientalistas advierte sobre la presencia de basureros clandestinos, asentamientos irregulares, especulación inmobiliaria y alrededor de 600 espacios abandonados que dejaron las actividades mineras, condiciones que evidencian la necesidad de establecer instrumentos de ordenamiento y conservación.
A esta problemática se suma la presión de proyectos relacionados con la extracción de materiales para la construcción.
Uno de los antecedentes recientes corresponde a solicitudes de modificación de uso de suelo promovidas por la empresa Decor Stone en terrenos de La Carbonífera, con una superficie conjunta superior a 185 mil metros cuadrados, situación que ha generado preocupación entre organizaciones ambientalistas por sus posibles repercusiones sobre el entorno natural.
Ávalos Medina explicó que la protección de la Sierra de Juárez requiere primero un estudio previo justificativo, instrumento técnico que deberá identificar las características ambientales del territorio, evaluar su importancia ecológica y establecer los elementos necesarios para sustentar una eventual declaratoria.
Durante la reunión de trabajo de la Comisión de Ecología y Protección Civil, el director del IMIP, Roberto Mora Palacios, confirmó que el financiamiento solicitado ya está contemplado dentro de la propuesta presupuestal del organismo para el ejercicio fiscal 2027.
La regidora señaló que este avance permitirá continuar las gestiones ante las instancias municipales encargadas de analizar y autorizar el gasto público.
En el proceso participan las comisiones edilicias de Asentamientos Humanos, Ecología y Protección Civil, Movilidad y Planeación del Desarrollo, cuyos integrantes buscan respaldar institucionalmente la iniciativa presentada por el colectivo ambientalista.
También interviene la Dirección de Planeación y Evaluación, encabezada por Emilio Ramón Flores, como parte de la coordinación entre las dependencias involucradas.
El estudio deberá proporcionar los fundamentos técnicos para determinar la viabilidad de establecer un régimen de protección ambiental, así como definir las condiciones territoriales que tendrían que considerarse en una eventual declaratoria.
La propuesta cobra especial relevancia debido a la función de la Sierra de Juárez en los procesos naturales de captación e infiltración de agua, particularmente ante el crecimiento de la mancha urbana y la transformación de superficies naturales en desarrollos habitacionales, comerciales e industriales.
Especialistas y representantes del colectivo han advertido que la alteración de estas condiciones puede afectar los servicios ambientales que proporciona la zona, entre ellos la regulación de escurrimientos y la recarga del subsuelo.
La presidenta de la Comisión de Ecología y Protección Civil sostuvo que continuará promoviendo las gestiones presupuestales necesarias para que el proyecto no quede únicamente como una propuesta administrativa.
De autorizarse los dos millones de pesos, los trabajos técnicos podrían comenzar durante 2027, con la expectativa de concluir el estudio antes de que finalice la actual administración municipal.
No obstante, la inclusión del proyecto en la propuesta presupuestal del IMIP todavía no representa una asignación definitiva de recursos ni garantiza la declaratoria de protección ambiental.
El desafío será transformar el respaldo político y las gestiones presupuestales en acciones concretas de conservación, mientras continúan las presiones sobre una zona considerada estratégica para el equilibrio ambiental y el futuro desarrollo urbano de Ciudad Juárez.
